La responsabilidad de los administradores no depende únicamente de las decisiones que toman. También importa cómo las toman, qué intereses protegen y cómo actúan cuando la sociedad atraviesa dificultades.
No todas las estructuras de administración implican lo mismo, la forma en que se organiza la administración determina quién gestiona y representa a la sociedad y, por tanto, cómo puede analizarse la responsabilidad. Con un administrador único, la gestión se concentra en una sola persona. En cambio, cuando existen administradores solidarios, mancomunados o un consejo de administración, la responsabilidad puede alcanzar solidariamente a quienes intervinieron en la adopción o ejecución de un acuerdo lesivo. No basta, por tanto, con fijarse en el cargo: también resulta relevante la intervención concreta de cada administrador.
La responsabilidad empieza en la forma de gestionar; los deberes de diligencia y lealtad permiten entender qué conducta se espera de quien administra una sociedad. La diligencia exige actuar como un ordenado empresario: dedicar la atención necesaria, contar con información suficiente antes de decidir y adoptar medidas adecuadas de dirección y control. La lealtad, por su parte, exige anteponer el interés de la sociedad y evitar que los intereses personales condicionen las decisiones.
La diferencia tiene consecuencias prácticas. Una decisión estratégica no debería adoptarse de manera improvisada o sin información suficiente; del mismo modo, el acceso a información privilegiada no puede convertirse en una oportunidad para favorecerse personalmente, apropiarse de una oportunidad de negocio de la sociedad o competir con ella. El incumplimiento del deber de lealtad puede conllevar la indemnización del daño causado al patrimonio social y, cuando proceda, la devolución del enriquecimiento injusto obtenido.
¿Quién responde cuando se produce un daño?
El régimen de responsabilidad no se limita a quien figura formalmente como administrador. Según el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital (en Adelante “LSC”), puede alcanzar también al administrador de hecho, a quien ejerce las funciones de más alta dirección cuando no existe delegación permanente de facultades del consejo en consejeros delegados y a la persona física designada por un administrador persona jurídica, que responde solidariamente.
En órganos con varios integrantes, la responsabilidad solidaria no impide que existan causas de exoneración. El artículo 237 LSC contempla, entre otros supuestos, que el administrador pruebe que no intervino en la adopción o ejecución del acuerdo y que hizo lo conveniente para evitar el daño, o que desconocía su existencia. La actuación individual y la constancia de la oposición a un acuerdo pueden ser relevantes para valorar esa responsabilidad.
No es lo mismo perjudicar a la sociedad que a una persona directamente, por ello, la ley distingue dos vías de reclamación. La acción social de responsabilidad, regulada en el artículo 238 LSC, busca reparar el daño causado al patrimonio de la propia sociedad; por eso, la indemnización se integra en ese patrimonio. La acción individual del artículo 241, en cambio, permite reclamar cuando un socio o un tercero sufre un daño directo en su propio patrimonio.
Esta distinción importa especialmente cuando un socio se ve perjudicado por la pérdida de valor de la sociedad. Si el daño que sufre es únicamente reflejo de la pérdida patrimonial de la empresa, la vía adecuada es, según el informe, la acción social; la acción individual exige un daño directo. La sociedad puede ejercer la acción social mediante acuerdo de la junta general y, en determinados supuestos de inactividad, pueden hacerlo subsidiariamente los socios y, en último lugar, los acreedores.
La omisión también puede generar responsabilidad y esto se ve reflejado en un supuesto distinto: la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC. No se centra necesariamente en haber causado un daño mediante una decisión, sino en no actuar a tiempo cuando concurre una causa legal o estatutaria de disolución. Por ejemplo, si las pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social y no se adoptan las actuaciones legalmente previstas dentro de los plazos correspondientes, los administradores pueden responder solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución, salvo prueba en contrario.
En definitiva, administrar una sociedad no consiste únicamente en tomar decisiones: exige hacerlo con diligencia y lealtad, y reaccionar cuando la situación de la empresa lo requiere. El régimen legal combina deberes de conducta, vías para reclamar los daños y una responsabilidad específica por la pasividad ante una causa de disolución, con el objetivo de proteger a la sociedad, a los socios y a los acreedores.
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